En junio de 2007, la jueza federal Liliana Heiland, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10, le ordenó a Metrovías y al Estado Nacional que, en un plazo de seis meses, "provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes" para la readecuación de las estaciones a las necesidades de las personas con discapacidad.
Además, exhortó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a "fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías". Ese fallo fue apelada por la empresa y por el Estado Nacional, pero en octubre pasado la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal lo confirmó.
Una nueva apelación, en este caso a cargo del Estado Nacional, llevó el expediente a la Corte Suprema, que volvió a ratificar la sentencia de la jueza Heiland, según informó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Actualmente, menos del 20% de las estaciones que componen la red de subtes de la Ciudad son accesibles para personas con movilidad reducida.
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