La Casa Rosada y el Poder Judicial han comenzado a peregrinar un camino con destino incierto. El cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y algunos integrantes de la Corte Suprema por los juicios a represores de la dictadura aún está lejos de acallarse y ya estalló una nueva polémica. El tema ahora es la inseguridad. En el kirchnerismo, ávidos por dar una respuesta frente a un reclamo que no para de crecer, sostienen que parte de la culpa recae sobre jueces y fiscales ineficientes que no reciben castigo.
En medio de la tensión entre los poderes, el jefe de Gabinete, Sergio Massa dijo ayer que hay que "exigirle resultados" a la Justicia. "Si le ponemos nombre y apellido vamos a poner en claro a la sociedad que también hay en el Poder Judicial personas que no contribuyen al funcionamiento efectivo", afirmó.
Cuando habló de poner nombre y apellido no apelaba a una metáfora. Bien literal, Massa citó como malos ejemplos al juez de San Isidro, Rafael Sal Lari, y a la fiscal de Tigre, María del Carmen Gigante -que intervinieron en la causa en la que se absolvió a Francisco Centurión, acusado de haber violado a una deficiente mental- y pidió que se los separe del cargo con un jury de enjuiciamiento. "Reclamo castigo para los jueces o fiscales ineficientes", sostuvo.
Parece que la frase de la jueza de la Corte Carmen Argibay sobre la falta de presupuesto en la Justicia ("no tenemos infraestructura ni dinero para pagarles a los empleados") todavía hace ruido en los oídos oficiales. El viernes le contestó la propia Presidenta (le dijo a Argibay que hay jueces que cometen "graves e inexplicables errores") y ahora fue el turno de Massa.
"Sin un fiscal no puede hacer su trabajo porque le faltan recursos lo tiene que escribir, se lo tiene que informar a su superior. Lo que no puede pasar es que pierda pruebas o que un juez no pueda condenar porque se olvidó de poner un sello médico", señaló. Si el jefe de Gabinete habló en esos términos ante la pregunta puntual del reclamo de Argibay es porque en el Gobierno, al menos hasta ayer, habían decidido no ponerle un candado al asunto.
La embestida del oficialismo contra la Justicia no se produce en un momento elegido al azar. La preocupación social por el crecimiento de los índices delictivos asoma, a siete meses de las elecciones legislativas, como uno de los principales temas de campaña. Lo mismo había sucedido en 2007, antes de la presidencial, donde los candidatos se vieron obligados a dar respuestas y a plasmar sus posibles soluciones en las plataformas. La diferencia es que al kirchnerismo los números ya no le sonríen como entonces.
El asesinato de Gustavo Lanzavecchia, el colaborador de Susana Giménez y el rápido pedido de pena de muerte que lanzó la conductora para el responsable -que recibió el apoyo de varios famosos-instaló la inseguridad todavía más en los medios. El Gobierno tomó nota.
Cristina reconoció el flagelo y en un acto político aseguró que "la seguridad es el problema que nos preocupa a todos". Un día después, dejó en claro que "la pena de muerte no es una solución para nada" y pidió "justicia a secas".
Massa habló a tono con su jefa. Le pidió a la Justicia que "un ladrón no entre por una puerta y salga por la otra" y agregó: "De lo contrario, en la sociedad queda la sensación de impunidad".
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2009/03/08/um/m-01873053.htm
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